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República de Chile
El norte de Chile era el extremo sur del imperio incaico (ver historia de Perú, Bolivia y Ecuador) al comenzar el siglo XVI. En el territorio comprendido entre Copiapó, al norte, y Puerto Montt, al sur, habitaban los mapuches, denominados araucanos por los europeos. Más al sur vivían los pueblos pescadores: los yamanas y los alacalufes.
En 1535, Diego de Almagro inició la conquista de Chile, desde Perú, con tropas hispanas e indígenas esclavizados. Recorrió cerca de 2.500 km hacia el sur, pero tuvo que regresar para dominar un levantamiento de uno de los sectores españoles en Lima.
Entre 1540 y 1558 Pedro de Valdivia se estableció en lo que hoy es el puerto de Valparaíso y fundó diversas ciudades, entre ellas Santiago. Los mapuches, guiados por el cacique Lautaro, opusieron tenaz resistencia a los invasores venciéndolos en varias ocasiones con estrategias aprendidas de los propios españoles. Valdivia murió en una de esas batallas. Su sucesor, Francisco de Villagra, venció y mató a Lautaro en 1557. El gobernador García de Hurtado volvió a enfrentar y derrotar a los mapuches, guiados por el toqui Caupolicán. Las rebeliones de los mapuches continuaron esporádicamente y la dominación hispano-criolla se extendió a todo el territorio sólo en la segunda mitad del siglo XIX.
En 1810 el cabildo de Santiago se constituyó en Junta de Gobierno autónoma. Esta Junta, encabezada por José Miguel Carrera en 1811 impulsa la independencia y obtiene la adhesión del general Bernardo O'Higgins, hijo de un ex virrey del Perú. La guerra entre independentistas y realistas fue resuelta a favor de los primeros con apoyo de las fuerzas de José de San Martín llegadas del otro lado de la Cordillera de los Andes. Las tropas españolas fueron definitivamente derrotadas el 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú.
O'Higgins fue designado Director Supremo del Estado en 1817, cuando las tropas realistas aún mantenían focos de resistencia. Luego sentó las bases de la organización política del país, mediante la Constitución de 1833, que se consolidó bajo el gobierno de Diego Portales. Era un Estado oligárquico, también llamado "república aristocrática", que negaba la expresión política a los sectores urbanos menos favorecidos, las capas medias y el naciente proletariado. Los empresarios británicos, junto con la oligarquía local, organizaron una economía de exportación en base a las ricas salitreras del norte, parte de las cuales se extendían por el desierto de Atacama y el extremo sur del territorio peruano. Inglaterra controlaba 49% del comercio exterior chileno. Los capitales chilenos y británicos poseían 33% del salitre peruano, pero aspiraban al 100%.
La guerra del Pacífico (1879-1884) enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. La victoria chilena movió su frontera hacia el norte y dejó a Bolivia sin acceso al mar. La expansión inmediata de la industria salitrera fortaleció la economía exportadora e hizo crecer a la población asalariada.
José Manuel Balmaceda, elegido presidente en 1886, intentó quebrar el orden oligárquico, apoyado en el nacionalismo estimulado por la guerra, el crecimiento económico, la diversificación social y la educación enciclopedista de las capas pudientes. Reivindicó el proteccionismo para desarrollar la industria nacional, pero la reacción de la oligarquía, aliada a los intereses británicos, y del ejército derrotó a los partidarios del presidente, quien se suicidó en la embajada argentina en 1891.
En 1900 los trabajadores chilenos formaron su primera Mancomunal Obrera en Iquique. En 1904, 15 organizaciones crearon la Convención Nacional con 20.000 afiliados y, ese mismo año, en Valparaíso, se dio el primer choque violento entre el proletariado chileno y el ejército. Tres años después, en una escuela de Iquique, con armas automáticas suministradas por Estados Unidos, fueron masacrados 2.500 obreros huelguistas con sus familias.
Junto al crecimiento de la construcción, los ferrocarriles y los nuevos campos mineros, se desarrollaron los servicios, el comercio y el empleo público. En 1920, con una prédica populista, Arturo Alessandri acaudilló las aspiraciones de las nuevas clases que intentaban romper el orden oligárquico. Desde la presidencia promovió la extensión del voto a los varones alfabetizados mayores de 21 años y la elección presidencial directa; jornada de 8 horas, seguridad social y reglamentación del trabajo de mujeres y niños.
La crisis capitalista mundial de 1929-30 destrozó la economía agrominera exportadora. La estabilidad no se recobró hasta que el empresariado chileno impuso un programa de industrialización sustitutiva de importaciones. Este programa fue la base de un amplio Frente Popular en 1936, liderado por el radical Pedro Aguirre Cerda, quien contó con apoyo socialista y comunista. Las fuerzas armadas, depuradas compulsivamente, se retiraron de la escena política por casi 40 años. La oligarquía, debilitada, logró sin embargo pactar sobre la cuestión agraria y Aguirre Cerda nunca tocó la propiedad rural ni permitió la sindicalización de los trabajadores del campo.
Las alianzas de los años 30 se rompieron durante el período de Gabriel González Videla (1946-1952). El clima de la guerra fría sirvió de apoyo a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que ilegalizó el Partido Comunista y borró de los registros electorales a sus militantes. Para compensar la protesta contra estas medidas, el gobierno promulgó, el 9 de enero de 1949, la Ley del Sufragio Femenino. La política represiva y desnacionalizante del Partido Radical y la disgregación de la izquierda permitieron al populista Carlos Ibánez ganar las elecciones de 1952.
El deterioro económico quitó base al efímero experimento populista. En 1957, sectores de la Falange Nacional y del viejo Partido Conservador fundaron el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Legalizado el comunismo, la izquierda también recompuso sus alianzas creando el Frente de Acción Popular (FRAP). El electorado, deseoso de cambios pero sensible a la propaganda anticomunista, se inclinó por la "revolución en libertad" de Eduardo Frei, que en 1964 inició una reforma agraria.
La Unidad Popular (UP), alianza del Partido Socialista, el PC, el MAPU y la Izquierda Cristiana, con el médico socialista Salvador Allende como candidato, ganó las elecciones de 1970 obteniendo un 35% del total de votos, mientras que el PDC y los partidos de derecha se dividieron el resto del electorado. En las elecciones legislativas de 1971 la Unidad Popular alcanzó casi un 50% de votos.
Allende estatizó el cobre, la banca privada y el comercio exterior, radicalizó la reforma agraria, propició formas colectivas de producción y creó un "sector social" de la economía, administrado por los trabajadores.
Las elites desplazadas del poder pusieron en marcha un plan de desestabilización que contó con el respaldo del Pentágono, la CIA y algunas trasnacionales norteamericanas, como la ITT. El PDC osciló y finalmente apoyó la conspiración en marcha, en la expectativa de un rápido retorno al poder mediante nuevas elecciones. Contribuyeron al clima de desestabilización tanto la inflación y el desabastecimiento generalizado, como las discrepancias internas de la Unidad Popular.
El 11 de setiembre de 1973 el general Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado. El palacio presidencial de la Moneda fue bombardeado por la aviación. El presidente Allende se suicidó. Se desató una cruenta represión: fusilamientos sumarios, campos de concentración, torturas y el procedimiento ominoso de los "desaparecidos".
El régimen de los militares chilenos, integrado en la ola de dictaduras que recorrió el Cono Sur en la década del 70 -inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional-, contó con el apoyo de la oligarquía y de la clase media chilenas, así como de las empresas trasnacionales, a las cuales les fueron devueltas las compañías que habían escapado a su control.
Inmediatamente después del golpe, la política económica se basó en las recetas neoliberales del profesor estadounidense Milton Friedman y la escuela de Chicago. La inflación bajó a menos de 10% anual y la libre importación de productos desbordó el mercado, pero los trabajadores perdieron poder adquisitivo y las diferencias sociales se acentuaron.
En 1981 una constitución continuista fue aprobada en plebiscito por el 60% de los votantes, en un periodo de auge económico. Apenas dos años después, en medio de un ciclo recesivo, el desempleo llegó a 30% y el salario real se redujo en 22% con relación a 1981. 55% de las familias estaba por debajo de la línea de pobreza. En noviembre de 1983 se realizaron manifestaciones y protestas, lideradas por la Coordinadora Nacional Sindical y el Comando Nacional de los Trabajadores.
En 1984, la Iglesia tomó la iniciativa de convocar a un diálogo político. Por la oposición fue escogida la Alianza Democrática, un concierto de partidos de centro-derecha liderados por el PDC. Las conversaciones con el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, fracasaron y la ruptura con la Iglesia se hizo evidente en setiembre. La Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago cobró mayor protagonismo en la defensa de los derechos humanos.
La izquierda se nucleó en el Movimiento Democrático Popular (MDP), reivindicando todas las formas de lucha contra la dictadura. A pesar de un intento de unificar la oposición realizado en 1985, la polémica sobre la lucha armada mantuvo separados al MDP y el PDC. Un sector de la izquierda -con fuerte influencia comunista- formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que llevó a cabo múltiples acciones armadas. La más trascendente ocurrió el 7 de setiembre de 1986, cuando un grupo de militantes efectuó un atentado, frustrado, contra el general Pinochet.
El aislamiento internacional que sufrió el gobierno chileno durante la presidencia de Jimmy Carter en Estados Unidos cesó parcialmente durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En agosto de 1985, Chile autorizó el aterrizaje de transbordadores espaciales estadounidenses en la isla de Pascua. A principios de 1986, Estados Unidos propuso una condena a Chile en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero el propósito fue obviar una condena mucho más drástica.
El 5 de octubre de 1988, se plebiscitó una prórroga de ocho años para el mandato de Pinochet. El triunfo del "NO", impulsado por una amplia alianza de la oposición, obligó a la Junta Militar a convocar elecciones al año siguiente.
Ante el inevitable cambio de gobierno, Pinochet negoció con la oposición legal una reforma de la Constitución. Se acordó restringir los poderes del futuro gobierno, aumentar los senadores designados, acortar el período presidencial de ocho a cuatro años y flexibilizar la proscripción de los partidos de izquierda. La reforma fue aprobada en el referéndum del 30 de julio de 1989.
En las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 triunfó, con 55,2% de los votos, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, candidato de la Concertación Democrática, alianza entre la Democracia Cristiana, los socialistas y el Partido por la Democracia, de Ricardo Lagos.
Aylwin asumió el cargo el 11 de marzo de 1990. En abril, el presidente designó una comisión, llamada Verdad y Reconciliación, para investigar violaciones de derechos humanos. La comisión confirmó la existencia de por lo menos 2.229 desaparecidos, que fueron dados por muertos, y efectuó un estudio detallado de la represión en el período dictatorial. Al divulgar estos hechos, en marzo de 1991, el presidente pidió "perdón" a la Nación en nombre del Estado, anunció que el proceso seguiría por vía judicial y solicitó a tales efectos la colaboración de las fuerzas armadas.
Las fuerzas armadas y la Corte Suprema de Justicia defendieron su conducta en el período dictatorial y negaron cualquier validez al informe de la comisión gubernamental, desautorizando de hecho al presidente.
En abril de 1991 el senador Jaime Guzmán, ex asesor e ideólogo del régimen militar, fue asesinado en un atentado atribuido a grupos de izquierda radical. La derecha revitalizó el tema del terrorismo como justificación de sus acciones y el 23 de abril, el FPMR anunció la decisión de abandonar la lucha armada.
La economía chilena, mientras tanto, continuó en expansión: 10 años con un crecimiento anual superior a 6% gracias, sobre todo, a niveles altos de inversión extranjera y al crecimiento de las exportaciones.
Los indicadores sociales mejoraron durante el mandato de Aylwin. En 1993 los salarios reales crecieron 5%, el índice de desempleo disminuyó hasta alcanzar 4,5%, y los gastos sociales crecieron 14% en relación a 1991, mientras la inflación se mantuvo en torno a 12%.
En agosto de 1993, la Comisión Especial sobre Pueblos Indígenas, un organismo gubernamental, propuso implantar la ensenanza de las lenguas indígenas -el mapuche, el aymara y el rapa nui- a nivel escolar para quienes no tienen el castellano como lengua materna. La medida fue considerada por algunos educadores mapuches como un paso fundamental para detener el proceso de aculturación que sufren estas etnias.
En las elecciones de 1993 el candidato de la Democracia Cristiana y la Concertación, Eduardo Frei (hijo), obtuvo la presidencia con el 58% de los votos. Sin embargo no logró la mayoría parlamentaria necesaria para remover los resabios del autoritarismo. En el Senado existían aún ocho "designados", por lo que la oposición a las reformas necesarias era mayoritaria.
Poco antes de la entrega de mando, el presidente Aylwin indultó a cuatro millitantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenados por el atentado a Pinochet en 1986.
El gobierno de Frei se propuso dar prioridad a los programas sociales y anunció un plan para paliar la pobreza que afecta casi a la cuarta parte de la población. En mayo de 1995 el salario mínimo fue aumentado en 13%. Se introdujeron impuestos a la venta de cigarros y automóviles para financiar un incremento de 10% en las pensiones más bajas y un 5% en los gastos de educación. En junio Chile solicitó asociarse al Mercosur con el fin de realizar acuerdos bilaterales con sus integrantes. También negoció su ingreso al NAFTA.
En mayo de 1995, el brigadier Pedro Espinoza y el general retirado Manuel Contreras fueron condenados a prisión por su participación en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976. Contreras se rebeló y la crisis institucional fue disimulada por su internación bajo custodia en un hospital militar. Pinochet respaldó la solidaridad de los militares con los condenados, pero luego solicitó respeto a las autoridades civiles. Al mismo tiempo el gobierno detuvo las investigaciones sobre corrupción contra el hijo del ex dictador. Algunos observadores sospecharon un acuerdo entre las partes por este motivo.
Las posiciones adoptadas por los oficiales jóvenes del régimen de Pinochet, abiertamente irrespetuosas de la democracia y el poder civil, despertaron preocupación en torno al vacío de poder en el liderazgo militar que creará el retiro del ex dictador en 1998.
