|
República de Colombia
La cultura indígena mas conocida de Colombia es la chibcha o "Muisca", como se llamaban a sí mismos sus integrantes. Extendidos al norte del país y en lo que hoy es Panamá, practicaban la agricultura y la minería.
Entre 1536 y 1539, España conquistó Colombia. Gonzalo Giménez de Quesada dominó a los chibchas y fundó Santa Fe de Bogotá, que a partir de 1718 fue sede del Virreinato de Nueva Granada. La población fue sometida con sistemas de trabajo que constituyeron una esclavitud disfrazada. Luego de 300 años de colonialismo, en el siglo XIX ya había desaparecido la mayoría de la población indígena.
La agricultura extensiva destinada a la exportación (café, bananas, algodón, tabaco) sustituyó a la tradicional (papa, yuca, maíz, madera y plantas medicinales). Para trabajar en las plantaciones se recurrió a la importación de esclavos africanos.
Con la Revuelta de los Comuneros (1781) comenzó un largo proceso, que finalizó en 1813 con la declaración de independencia de Cundinamarca promovida por Antonio Narino. El proceso estuvo signado por la lucha entre los centralistas de Narino, que respondían a los intereses de la burguesía urbana y por ende a los europeos, y los federales liderados por Camilo Torres, presidente del Congreso de las Provincias Unidas y representante de los sectores populares. En 1816, Pablo Morillo derrotó y ejecutó a Torres. Tres ańos después Simón Bolívar liberó el país desde Venezuela y creó la República de la Gran Colombia, que incluía los actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Las rivalidades locales y la gran presión británica provocaron la secesión de Venezuela y Ecuador (1829/30). Se proclamó entonces la República de Nueva Granada, que en 1886 tomó el nombre de Colombia.
Desde 1830 hasta los comienzos del siglo XX, el país tuvo nueve guerras civiles nacionales, catorce locales y dos con Ecuador, sufrió tres cuartelazos y tuvo 11 constituciones. Aduenados del escenario político colombiano, liberales y conservadores permanecieron separados por odios trasmitidos hereditariamente, pese a tener programas de gobierno similares.
Entre 1921 y 1957, se produjo una explotación voraz de las reservas petroleras de Colombia, que de hecho desaparecieron, dejando a los empresarios de Estados Unidos 1.137 millones de dólares de ganancia. Las firmas norteamericanas controlaban de 80 a 90% de la explotación de bananas, la minería y el 98% de la producción de electricidad y gas.
En 1948 fue asesinado en la capital el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El estallido popular
que provocó la muerte de Gaitán fue conocido como <
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lideradas por Manuel Marulanda, "Tiro Fijo", y Jacobo Arenas hicieron su aparición en 1964, cuando un grupo pequeño se levantó en armas en Marquetalia. La guerrilla incorporó al sacerdote Camilo Torres Restrepo, cofundador del ELN (Ejército de Liberación Nacional), caído en combate en 1965.
La guerrilla rural fue enfrentada por grupos de "autodefensa" armados y pagados por los latifundistas, con apoyo del ejército y, a veces, de mercenarios internacionales. Aunque sin admitirlo oficialmente, el Ejército también creó grupos paramilitares, denunciados por organismos de defensa de los derechos humanos como Amnesty International.
En 1974, el presidente liberal Alfonso López Michelsen intentó dar mayor atención a los reclamos populares, pero los grandes intereses económicos hicieron fracasar esa política. En 1978, sólo 30% de los trabajadores ocupados recibían prestaciones sociales; en el sector agropecuario ese índice descendía a 11%. El ingreso de divisas dependía del precio del café en los mercados de Estados Unidos y Alemania Federal, que absorbían 20% y 36% respectivamente de dicho producto colombiano.
La guerrilla, en particular las FARC y el Movimiento 19 de Abril (M-19), muy activos desde la década anterior, enfrentaron una intensa represión del gobierno de Julio C. Turbay Ayala (1978-1982).
En 1982, el conservador Belisario Betancur fue elegido presidente. Periodista, poeta y humanista, Betancur había participado activamente en la búsqueda de la paz en los conflictos de América Central. Desde el gobierno, incorporó a Colombia al Movimiento de Países No Alineados, defendió el derecho de las naciones deudoras a negociar en forma colectiva ante los acreedores y, en 1983, inició conversaciones de paz con el M-19.
En 1980, el dirigente del M-19 Jaime Bateman había propuesto celebrar una cumbre en Panamá para dialogar sobre la crisis y sus soluciones. Bateman murió en un "accidente" de aviación, y las conversaciones quedaron suspendidas. Por su parte, las FARC llegaron a un acuerdo con delegados del gobierno, en base a un documento que apuntaba al cese de hostilidades y la adopción de medidas de carácter político, social y económico.
Los hacendados opusieron fuerte resistencia al diálogo gobierno-guerrilla. La oligarquía agraria -4% de los propietarios son duenos de 67% de las tierras productivas- denunció la pacificación como "concesiones a la subversión" y propuso la creación de ejércitos particulares. Resurgieron las acciones paramilitares e investigaciones posteriores revelaron la presencia del grupo MAS (Muerte a los Secuestradores), opuesto al retiro del ejército de las zonas guerrilleras. Comenzó una tregua prevista por un año, de la cual el M-19 se retiró cinco meses después, por considerar que el Ejército no cumplió el alto el fuego.
En enero de 1985 el gobierno adoptó medidas de ajuste económico que agudizaron la recesión -reducción del gasto público, incrementos en el precio de los combustibles y el transporte, aumento de los impuestos-; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una aceleración de las devaluaciones. El objetivo era dar prioridad a las exportaciones y reducir en 30% el déficit fiscal de 2.000 millones de dólares.
Rechazado por las centrales sindicales y los partidos de izquierda, el plan tampoco satisfizo a los acreedores. Una comisión de 14 bancos, presidida por el Chemical Bank, afirmó que el gobierno debía firmar una carta de intención y llegar a un acuerdo formal con el FMI, dos pasos que Betancur quería eludir.
El Comité Permanente por los Derechos Humanos denunció la desaparición de 80 prisioneros en un año, las torturas a detenidos políticos y la comprobación de 300 ejecuciones clandestinas. La cifra de militantes desaparecidos ascendía a 325.
El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, en Bogotá. La intervención del Ejército provocó una verdadera masacre. Murieron todos los efectivos del M-19 y otras 53 personas, entre magistrados y civiles. El comandante guerrillero Alonso afirmó que los muertos "fueron sacrificados deliberadamente por el ejército".
Situándose en el centro de este panorama de violencia, la droga y sus traficantes se instalaron como un auténtico núcleo de poder.
Mientras más de dos mil militantes de izquierda eran víctimas del terrorismo, en 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, integrante de la Unión Patriótica. El senador y candidato presidencial liberal a las elecciones de 1990, Luis Carlos Galán, fue asesinado en agosto de 1989. Había prometido desmantelar los grupos paramilitares y combatir la droga. Se desencadenó, entonces, una guerra a todo nivel entre el gobierno y la mafia de la droga. En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica y, 20 días más tarde, cayó muerto Carlos Pizarro, sustituto de Jaramillo.
Datos oficiales confirmaron la existencia de más de 140 grupos paramilitares en el país, la mayoría financiados por el narcotráfico. Mientras tanto, la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos fue acusada de bombardear plantaciones de coca con herbicidas químicos.
En la "economía subterránea", el comercio de coca plantada y exportada por circuitos clandestinos o semitolerados producía enormes ganancias.
En las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, el liberal César Gaviria fue elegido presidente, con 48% de los votos, en unos comicios con 58% de abstenciones. El Movimiento de Salvación Nacional obtuvo 23,7% de los sufragios; la Alianza Democrática M-19 (ADM-19), nombre con el que el M-19 pasó a actuar en el nuevo marco político del país, un 12,56%; el Partido Social Conservador un 11,90%.
En diciembre de 1990 se celebraron elecciones para integrar la Asamblea Constituyente. La abstención fue de 65%. La ADM-19 obtuvo 19 bancas, apenas 4 menos que el oficialista Partido Liberal.
A partir de junio de 1991, miembros del gobierno de Gaviria y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que operaba en 35% del territorio, mantuvieron varios encuentros en Caracas. Considerada "larga y difícil" por ambas partes, la negociación debatió la desmovilización guerrillera, con garantías constitucionales, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la reinserción de los guerrilleros en sus áreas de influencia política.
El 5 de julio de 1991 entró en vigencia la nueva Constitución colombiana. La Carta, amén de crear el cargo de vicepresidente y prohibir la reelección presidencial, consagró algunas conquistas importantes: el divorcio civil para el matrimonio católico, la elección directa de autoridades locales, un régimen de autonomía para los pueblos indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa legislativa popular.
Pese a la ínfima representación femenina en la Constituyente, se reconocieron la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, el apoyo especial del Estado a aquéllas que eran cabeza de familia, así como subsidios a las embarazadas y parturientas desempleadas o desamparadas.
La Carta aprobada recibió críticas de la izquierda por no contemplar el sometimiento a la justicia civil de los militares acusados de cometer crímenes contra civiles y por otorgar facultades de policía judicial a los organismos de seguridad del Estado.
El 27 de octubre de 1991, por medio de un pacto del presidente con las tres mayores fuerzas de la Constituyente, se redujo el número de representantes, y tras la disolución del Congreso, se efectuaron elecciones parlamentarias. La abstención siguió siendo alta. El Partido Liberal, disgregado en varios grupos, obtuvo 60% de los votos, seguido por los conservadores. Fue notable el descenso en el desempeño de la ADM-19, que logró apenas10% de los sufragios.
El 30 de octubre, se reunieron nuevamente en Caracas gobierno y guerrilla. Dos meses después, un sector radical del EPL volvió a tomar las armas. Luego le siguieron las restantes fuerzas guerrilleras.
El proceso de paz llegó a su perfil más bajo a partir de 1992. Luego de la interrupción de las conversaciones, el gobierno promovió la llamada Guerra Integral, que postulaba además de la acción militar, la intervención en organizaciones civiles que estuvieran vinculadas de alguna manera a los grupos insurgentes.
La Coordinadora Simón Bolívar resistió la ofensiva de las fuerzas armadas y mantuvo sus acciones militares. Como contrapartida, se reinició la actividad de los grupos paramilitares. Su acción se concentró en el Magdalena Medio, Boyacá y la ciudad de Medellín. La violencia produjo un singular fenómeno: el desplazamiento desde las zonas de conflicto a otras regiones del interior del país.
En las elecciones municipales de marzo de 1992, en medio de un abstencionismo de 70% del electorado, los partidos Liberal y Conservador mantuvieron sus mayorías, incluso con candidatos críticos del gobierno del presidente Gaviria, mientras que la ADM-19 continuó debilitándose.
36 En noviembre, el gobierno decretó el estado de emergencia. Pablo Escobar Gaviria -jefe del cártel de Medellín, poderosa organización de narcotraficantes- prófugo desde mediados de 1992, reinició las acciones armadas del cártel. En enero de 1993, se produjo la aparición del grupo los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), que mató a treinta integrantes del cártel en sólo dos meses, destruyó varias propiedades de Escobar y persiguió a los miembros de su familia. El enfrentamiento llegó a niveles muy altos, con explosiones de varios coches-bomba, que causaron decenas de muertes.
Finalmente, el 2 de diciembre, fuerzas policiales mataron a Escobar en un tiroteo en el centro de Medellín. Si bien su desaparición fue un duro golpe para la influencia política y social que había alcanzado el cártel de Medellín, el narcotráfico tenía aún múltiples tentáculos, incluso más discretos -como el cártel de Cali- que de algún modo salieron fortalecidos.
La Suprema Corte de Justicia despenalizó el consumo de cocaína, marihuana y otras drogas, medida a la que se opusieron radicalmente vastos sectores políticos y religiosos encabezados por el presidente Gaviria.
La crisis del mercado del café y la sequía de 1993, así como la reducción de los cupos del banana por la Comunidad Europea afectaron las exportaciones. No obstante, con 2 mil millones de dólares anuales provenientes del narcotráfico y el descubrimiento de petróleo en la provincia de Casanare, el país logró un crecimiento sostenido del 2,8% por habitante. La construcción creció un 8% en 1993, el comercio y el transporte un 5%. El desempleo se redujo a menos de 9% en las siete principales ciudades del país y los salarios mantuvieron una tendencia positiva. De todas formas el 45% de la población continuó viviendo en niveles de pobreza crítica.
El presidente Gaviria mantuvo su popularidad, sobre todo a nivel internacional. Fue designado secretario general de la OEA, con el apoyo decisivo de Estados Unidos y favoreció el triunfo del candidato de su partido Daniel Samper en las elecciones de 1994.
En la segunda vuelta electoral y con 50% de los votos, Samper venció al conservador Andrés Pastrana (que fue respaldado por 48,6% del electorado) . En la primera vuelta, la ADM-19 cayó al 4% de los votos en los comicios, mientras que el abstencionismo se redujo levemente al 65%.
Samper inició su gobierno con una sucesión de victorias contra el narcotráfico, pero en setiembre de 1995 estalló un escándalo político cuando un vocero del cártel de Cali reveló detalles de las contribuciones de esa organización a las campanas electorales de Samper y Pastrana, hecho que no pudo ser probado. El ministro de Defensa Fernando Botero, ex director de la campana de Samper, fue enviado a prisión por enriquecimiento ilícito.
En agosto de 1996 Samper declaró el estado de emergencia para controlar la ola de violencia y secuestros, hecho que fue interpretado como un intento de protegerse de los escándalos vinculados a la droga. Pero prosiguió el asesinato de líderes opositores y las acciones de las FARC y el ELN, que atacaron líneas de alta tensión, oleoductos e instalaciones policiales y militares. Con casi 100 frentes abiertos, estos dos grupos controlan regiones cada vez más extendidas y poderosas económicamente en la zona cafetalera, el Caribe e incluso las cercanías de Bogotá o Medellín, donde se hacen cargo de todas las funciones de gobierno.
Los esfuerzos por erradicar las plantaciones de coca y amapola continuaron, así como las operaciones armadas contra las bases operativas de los cárteles. Algunos de los principales líderes del cártel de Cali, que maneja el 70% del tráfico mundial de cocaína, se entregaron voluntariamente. Si bien el cártel se debilitó, cobraron fuerza otros grupos que derivaron sus actividades hacia los países vecinos. Estados Unidos retiró en marzo de 1996 a Colombia de su lista de países que cooperan en la lucha contra la droga, hecho que lo priva de la ayuda bilateral y bloquea su acceso a fuentes financieras externas. En julio Washington anunció que negaría la visa a Samper, en un intento por acorralar diplomáticamente al presidente colombiano.
