República de Ecuador

Bandera de Ecuador

En 1478 el Inca Tupac Yupanqui unificó en el Tahuantinsuyu a los pueblos agrícolas que habitaban desde el segundo milenio a.C. el territorio del actual Ecuador. En pocos años, la región norte del país quechua, que tenía su centro en Quito, adquirió gran importancia económica y fue centro comercial y cultural de una gran civilización. Pero la rivalidad por la sucesión entre el quiteno Atahualpa y el cuzqueno Huáscar disminuyó el poderío del Imperio.

De esta situación sacaron partido los conquistadores españoles, quienes al mando de Sebastián de Benalcázar sometieron al reino de Quito en 1534. Los americanos, hombres libres que trabajaban la tierra organizados en comunidades (ayllus) se convirtieron en semiesclavos explotados bajo el régimen de "encomiendas".

El país primero formó parte del Virreinato del Perú, como Real Audiencia de Quito. Con el reordenamiento efectuado por los Borbones en 1717, Quito pasó a integrar el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela.

El general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, venció a los realistas en la batalla de Pichincha, que terminó con la dominación española en 1822. Ecuador se incorporó de esta manera al proyecto bolivariano de la Gran Colombia.

En 1830, la Real Audiencia de Quito se separó de la Gran Colombia y adoptó el nombre de República del Ecuador.

En 1895 la Revolución Liberal comandada por Eloy Alfaro activó las esperanzas de las mayorías campesinas acerca de una solución a la cuestión agraria. Los bienes de la Iglesia se estatizaron, pero los latifundios no fueron afectados. Alfaro fue asesinado en 1912 y el país quedó bajó la influencia económica del imperio británico.

Un golpe militar liderado por militares jóvenes en 1925 abre un nuevo periodo reformista, pero el régimen no sobrevive a la crisis económica mundial de 1930. Se abre un periodo de inestabilidad, con 23 cambios presidenciales entre 1925 y 1948.

En 1941, tras una breve guerra con Perú, Ecuador debe renunciar a sus reivindicaciones de soberanía sobre una extensa parte de la Amazonia. El Protocolo de Paz firmado en 1942 en Rio de Janeiro, con Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos como garantes, establece la frontera entre ambos países, pero gran parte de ella.queda sin demarcar en el terreno, en zonas de difícil acceso.

En 1944 una insurrección popular derrocó al presidente Carlos Arroyo, para instaurar un gobierno populista encabezado por José María Velazco Ibarra e integrado por conservadores, comunistas y socialistas, bajo el nombre de Alianza Democrática. La guerra fría hizo imposible esa alianza y pronto la izquierda comenzó a ser perseguida. En 1962, bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno de Carlos Arosemena rompió relaciones con Cuba.

El plátano, el café y el cacao representaban 80% de los ingresos del país a principios de la década de los 70. En 1972 Ecuador comenzó a exportar petróleo y éste se transformó en el primer rubro de la economía. Ese mismo año cambió también la situación política. El anciano líder populista Velasco Ibarra fue depuesto por cuarta vez por las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara el país se incorporó a la OPEP, el Estado adquirió 25% de las acciones de la "Texaco-Gulf" e hizo una intransigente defensa de las 200 millas de mar territorial ante las pretensiones pesqueras norteamericanas, lo que originó la llamada "guerra del atún".

En agosto de 1979 asumió la presidencia Jaime Roldós, candidato de la Concentración de Fuerzas Populares y de la Democracia Popular. Ecuador restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, China y Albania, y el gobierno trató de aplicar un programa que incluía la integración de poblaciones rurales y urbanas marginadas, pero debió enfrentarse con un parlamento hostil y con la oposición norteamericana a su política de promoción de los derechos humanos y contraria a las dictaduras del Cono Sur del continente.

A fines de enero de 1981 estalló la "guerra de los cinco días" entre Ecuador y Perú, con escaramuzas en zonas fronterizas mal delimitadas por el Protocolo de 1942.

En mayo del mismo año, un accidente de aviación nunca aclarado provocó la muerte de Roldós, y asumió el mando el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Al año siguiente se produjo la más honda crisis social desde el alejamiento de los militares del poder. En su génesis se detectaron, por un lado, la puesta en práctica de las recetas del FMI, y por otro, una intención cada vez más ostensible de fortalecer el aparato bélico, con el objetivo de equilibrar el poderío de las fuerzas armadas peruanas.

Las elecciones de 1984 dieron el triunfo al conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano. Febres Cordero cumplió en líneas generales su programa de gobierno: estimular la libre empresa, desarrollar la agricultura y la minería, propiciar la inversión extranjera y entablar relaciones bilaterales con el FMI. El acuerdo con los 400 bancos acreedores suponía destinar 34% de los ingresos por exportaciones al cumplimiento de los nuevos compromisos.

En el campo internacional, Febres fue un ardiente defensor de la política de Reagan para Centroamérica. En octubre de 1985 rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua y en varias ocasiones ayudó a financiar viajes y gastos de líderes de la "contra" nicaragüense.

En las elecciones de mayo de 1988 venció el socialdemócrata Rodrigo Borja, quien asumió el cargo en agosto de ese año con el apoyo de una coalición integrada por Izquierda Democrática, los democristianos de Osvaldo Hurtado y una decena de partidos de izquierda.

Desde el principio el gobierno de Borja sufrió los embates de una inflación abrumadora y una grave situación económica, en la que una deuda externa de 11.000 millones de dólares se sumaba a un déficit fiscal equivalente a 17% del PIB, una reserva monetaria negativa de 330 millones de dólares y un desempleo cercano a 15%.

Durante 1990, el aumento de los precios internacionales del petróleo -que constituía 54% de las exportaciones del país- y las medidas económicas adoptadas -reforma fiscal y severa contención del gasto público- contribuyeron a una leve mejoría de la economía. Aumentó el producto bruto en 1,5%; disminuyeron la inflación y el déficit de la balanza de pagos, pero el salario real decreció. El alto peso de la deuda externa presionó negativamente sobre la recuperación económica.

En el plano político interno, Borja logró la desactivación de los "Comandos de Taura", que en enero de 1987 secuestraron a Febres Cordero, y la integración a la vida política pacífica del grupo guerrillero "Alfaro Vive", que un año después entregó sus armas a la iglesia católica.

En el orden internacional, el Ecuador de Borja participó activamente en los procesos de integración subregional, respaldó al Grupo de los Ocho -que sustituyó al Grupo de "Contadora", encargado de mediar en la crisis política de Centroamérica- y al Grupo de Río, retornó al Movimiento de Países No Alineados y se convirtió en sede de frecuentes foros y reuniones del más alto nivel.

En mayo de 1990 los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron iniciar la eliminación de las barreras arancelarias entre sus países a partir del 1º de enero de 1992, con el objetivo de crear un Mercado Común Andino para 1995. Los líderes andinos subrayaron la importancia de unificar esfuerzos y coordinar con Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico.

Con la toma de la iglesia de Santo Domingo de Quito, el 28 de mayo de 1990, los indígenas de la costa iniciaron un levantamiento nacional, cuya fuerza sorprendió a todo el país. Reclamaban la tenencia de la tierra y el respeto a los derechos humanos. Seguidamente, los aborígenes de la sierra y el oriente cerraron las carreteras. Múltiples ciudades intermedias de la región andina fueron tomadas simbólicamente por decenas de miles de indígenas de las comunidades vecinas. Posteriormente, los indígenas de la Amazonia efectuaron una marcha sobre Quito. La represión provocó un muerto y varios heridos sin alcanzar la magnitud de represiones anteriores.

Poco después se inició un diálogo con el gobierno, con la mediación de la iglesia católica y representantes de organismos defensores de los derechos humanos.

Las elecciones parlamentarias de junio de 1990 determinaron una severa derrota para el partido del presidente Borja, con un ascenso de los conservadores representados por Partido Social Cristiano y también de la izquierda representada por el Partido Socialista.

El 28 de mayo de 1991 más de mil indígenas ocuparon pacíficamente el salón principal del Congreso, reclamando amnistía para un millar de indígenas, procesados por haber participado en el levantamiento de 1990.

En las elecciones generales de abril de 1992, los partidos derechistas Social Cristiano (PSC) y Unidad Republicana (PUR), quedaron en primero y segundo lugar, con 19 y 13 escanos, respectivamente, de los 77 que componen el Congreso. El ex presidente Febres Cordero fue a su vez elegido alcalde de Guayaquil con 70% de los votos emitidos.

La abstención electoral llegó a 27%, siete puntos por encima del nivel tradicional. Ninguno de los candidatos presidenciales consiguió llegar a 50% de los votos, por lo que la elección pasó a una segunda vuelta entre los dos más votados. En la segunda instancia, realizada el 5 de julio, Sixto Durán Ballén, del PUR, obtuvo 56% de los votos, venciendo a Jaime Nebot, del PSC, que llegó a 43%. La centro-izquierda y la izquierda contribuyeron al triunfo de Sixto Durán, considerado entonces un "mal menor" frente al autoritarismo de Nebot.

El nuevo gobierno definió un programa fundado en la llamada "modernización del Estado", un proyecto de privatización de las empresas estatales, y un rígido ajuste estructural. Este implicaba la eliminación de subsidios, alzas y flotación de los precios de los servicios básicos, incluso de la gasolina y otros derivados de los hidrocarburos, y contención de los ajustes salariales por debajo del índice de inflación acumulada.

Al cabo de un año de gestión, el vicepresidente Dahik, considerado el verdadero poder detrás del trono, exhibió las políticas de ajuste como el principal éxito del gobierno: reducción de la inflación de 60% en 1992 a 32% en 1993, incremento de la reserva monetaria, reducción del déficit fiscal, en especial del sector público no financiero, -del 1,7% del PIB en 1992 a 0,2% al año siguiente- y del gasto público que llegó apenas a 26% del PIB en 1993.

La oposición parlamentaria, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) cuestionaron esta política, senalando el incremento de la pobreza y del desempleo y la ausencia total de políticas sociales. De hecho, el salario medio urbano continuó su espectacular descenso: en 1993 constituía 21,4% del valor promedio en 1980.

El conflicto central se dio en torno a las privatizaciones de la seguridad social, electricidad, telecomunicaciones y petróleo. La oposición se fortaleció con la creación del frente por la Defensa de la Soberanía Nacional, organismo que integró a los sindicatos de las áreas estratégicas, la CONAIE y otras organizaciones sociales.

La aprobación del cuerpo legal necesario para autorizar las privatizaciones sufrió diversas modificaciones. En este sentido, la actitud del Partido Social Cristiano, principal fuerza parlamentaria, fue decisiva. Partidario de la política privatizadora por su posición ideológica, debió, sin embargo, atenuar los proyectos del gobierno para lograr su aprobación sin pagar un alto costo político, en consideración de sus perspectivas electorales para 1996.

En este camino, hubo varios tropiezos por parte del gobierno. En particular, los escándalos provocados por los fracasos en el Ingenio Azucarero Aztra y en Ecuatoriana de Aviación, empresas que fueron quebradas antes de iniciarse la privatización.

La economía ecuatoriana vivía una prolongada recesión. En 1993, el crecimiento fue menor a 2% y el PIB por habitante disminuyó en 0,5%, los índices más bajos de los últimos años. Las exportaciones totales, que en 1992 habían registrado un incremento de 7%, bajaron en 1993 a 0,7% mientras que el volumen físico de las importaciones disminuyó en más de 4%, provocando un crecimiento ínfimo de la oferta total de bienes y servicios.

Entretanto, la economía atravesaba una prolongada recesión. Cayeron el PBI y las exportaciones, especialmente las de bananas, debido a las restricciones de la Comunidad Europea. La construcción y la exportación de petróleo fueron las excepciones. El gobierno otorgó nuevas concesiones para la prospección petrolera y planeó la construcción de otro oleoducto. La medida fue muy criticada por la oposición, que se dice preocupada por el agotamiento del recurso.

En abril de 1994 un incendio en Isabela, en las islas Galápagos, destruyó 6.000 hectáreas y puso en peligro la vida y el hábitat de las tortugas gigantes, hecho que motivó un decreto para el control del tráfico turístico, la inmigración y la pesca ilegal.

Al promediar el año el gobierno cerró un complicado proceso de renegociación de la deuda externa, en el que la disminución real no sobrepasó el 45%. Los intereses no fueron considerados en este cálculo.

En junio el presidente Duran Ballén eliminó las reformas agrarias de los años 1964 y 1973. Estas reformas habían terminado con las grandes haciendas y habían entregado por primera vez tierras a los indígenas y pequeños campesinos. Como respuesta la CONAIE bloqueó las vías de acceso a varios pueblos y ciudades. Acto seguido, el gobierno declaró el estado de emergencia y envió al ejército a controlar la situación. En Ecuador el 48% de las tierras rurales está en manos de las comunidades campesinas, mayoritariamente indígenas y el 41% pertenece a particulares.

A comienzos de 1995 se produjeron nuevos enfrentamientos armados con Perú en la cordillera del Cóndor, donde la frontera nunca fue establecida con precisión y se presume la existencia de yacimientos de oro, uranio y petróleo. Durán Ballén declaró nuevamente el estado de emergencia y llamó a la reserva. Pese a la mediación internacional, se produjeron docenas de víctimas, especialmente del ejército peruano.

Hacia fin de año numerosos ministros fueron cuestionados por el Congreso por malversación de fondos públicos. Esta situación determinó el arresto de algunos de ellos y la huida del país del vice presidente Alberto Dahík.

Luego de ásperos debates, el congreso aprobó la venta de 35% de la compañía estatal de telecomunicaciones. El gobierno se había propuesto concretar esta primer gran privatización antes del fin de su mandato en agosto de 1996.

El populista de derecha Abdalá Bucaram triunfó en las elecciones con un 54% de los votos sobre su rival del Partido Social Cristiano Jaime Nebot, que obtuvo un 46%. Su primer tarea en el gobierno constituyó en apaciguar los temores de empresarios y financistas, preocupados por la eventual cumplimiento de sus promesas electorales a los pobres. Las versiones periodísticas que pronosticaban un golpe militar en caso de resultar triunfante Bucaram no se cumplieron y el ambiente político abrió un compás de espera para evaluar su gestión.

Durante un encuentro bilateral realizado en setiembre de 1996 con su similar chileno Eduardo Frei, Bucaram se declaró admirador del sistema chileno de seguridad social y vivienda. Paralelamente, invitó al polémico ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo a integrar su equipo de gobierno.

El ajuste fiscal impuesto por el Ejecutivo, sumado a una serie de actitudes no encuadradas en la tradición de la jerarquía presidencial, complicaron la situación de Bucaram. Las fuerzas sindicales convocaron a un paro nacional para la primera semana de febrero de 1997 y el presidente indicó que el gobierno apoyaba la medida por considerarla justa. A través de una acción no prevista en las atribuciones constitucionales del parlamento, la minoría declaró "insano" al presidente y desconoció su autoridad. Después de tres días de incertidumbre, en los que el país llegó a tener tres presidentes, Fabián Alarcón obtuvo el respaldo del parlamento (sin contar a la bancada oficialista) y de las Fuerzas Armadas para ocupar la primera magistratura. Bucaram prometió seguir luchando para ser reconocido como presidente legítimamente electo y emprendió una gira continental con ese fin, aunque obtuvo poco eco.

A fines de mayo un plebiscito de 14 preguntas dio un fuerte respaldo al presidente Alarcón al confirmar, por 65% contra 28%, la legitimidad de su mandato. Al mismo tiempo se resolvió convocar a una asamblea nacional electa por voto popular para modificar la Constitución política del país.