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República de El Salvador
El territorio de El Salvador fue habitado desde tempranas épocas por el pueblo chibcha (muisca; ver Colombia), dentro del cual los pipiles y los lencas eran los más numerosos. Los mayas también habitaron el país, pero su influencia fue menor.
Tras someter a los aztecas en México, los españoles comandados por Pedro de Alvarado emprendieron la conquista de Centroamérica. En 1525 Alvarado fundó la ciudad de El Salvador de Cuscatlán. El territorio formó parte de la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de México. Centroamérica se independizó de España en 1821 y se organizó como federación.
La rivalidad interna entre "imperialistas" y "republicanos" derivó en la guerra civil de 1827. El general Francisco Morazán, presidente de la República de Centroamérica trató de impedir el desmembramiento del pacto federal iniciado en 1839. Desde El Salvador, Morazán emprendió la lucha por el mantenimiento de la unión, apoyado por los indígenas nonulcos, encabezados por Anastasio Aquino. Fue derrotado en 1840 y enviado al exilio. Anastasio Aquino fue hecho prisionero y ejecutado.
Dividido el istmo, Gran Bretaña dominó la situación. Cuando el presidente Doroteo Vasconcelos se negó a aceptar presiones, en 1848, los ingleses bloquearon los puertos salvadorenos. En el último tercio del siglo los Estados Unidos comenzaron a desplazar los intereses británicos.
La invención de los colorantes artificiales a fines de siglo derribó los precios del anil, principal producto de exportación de El Salvador en esa época. El café se transformó en el producto sustituto a explotar. La gran necesidad de tierras que provocó esta producción, hizo que la Revolución Liberal de 1880 expulsara a miles de campesinos de sus tierras comunales, generando así la clase obrera rural y, por consiguiente, un alto grado de conflictividad en el campo. La oligarquía cafetalera se consolidó como clase dominante.
Como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929 el café se quedó sin mercado, la cosecha no se recogió y miles de jornaleros y campesinos pobres pasaron hambre. El 22 de enero de 1932 estalló una insurrección popular, dirigida por el Partido Comunista bajo la conducción de Farabundo Martí, ex secretario de Augusto Sandino durante su lucha contra la invasión estadounidense de Nicaragua.
La rebelión fue ahogada en sangre por las tropas del general Maximiliano Hernández Martínez, quien había tomado el poder en 1931, iniciando una serie de regímenes militares que duró medio siglo. La represión dejó un saldo de 12.000 muertos.
A partir de 1960 se inició un proceso de industrialización, en el marco del Mercado Común Centroamericano, con el respaldo de la "Alianza para el Progreso". Aunque se lograron altas tasas de crecimiento, éstas no fueron suficientes para abatir el desempleo, que en las décadas anteriores había provocado la emigración de 300.000 campesinos sin tierras a la vecina Honduras. Esta presión demográfica, junto a la competencia entre las respectivas burguesías industriales, llevó a El Salvador a desatar la guerra contra Honduras, en junio de 1969. El cruento conflicto, de cien horas de duración, resquebrajó el Mercado Común regional y la industria salvadorena entró en crisis.
En los primeros años de la década de los 70 el movimiento obrero y popular dio un fuerte impulso a su lucha reivindicativa. Nacieron organizaciones guerrilleras y la oposición legal (PDC, UDN y MNR) se unificó en la Unión Nacional Opositora (UNO), que lanzó la candidatura de Napoleón Duarte para enfrentar a la del coronel Arturo Molina, del oficialista Partido de Conciliación Nacional, en las elecciones de febrero de 1972. El fraude dio el triunfo a este último.
En 1977, un nuevo fraude llevó a la presidencia al general Carlos Humberto Romero. Hubo grandes protestas, duramente reprimidas, con un saldo de siete mil muertos.
El cierre de las alternativas políticas condujo a un auge de los movimientos guerrilleros que comenzaron a coordinar sus acciones entre sí y con las fuerzas de oposición democrática.
El 15 de octubre de 1979, asumió el gobierno una junta cívico-militar integrada por representantes de la socialdemocracia y la democracia cristiana. La falta de poder real no permitió a la Junta controlar la represión despiadada de opositores, lo cual obligó a la renuncia de los civiles, que fueron sustituidos por el sector conservador de la Democracia Cristiana, conducido por Napoleón Duarte.
El 24 de marzo de 1980 el arzobispo de San Salvador monsenor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras oficiaba misa, en clara represalia por su permanente defensa de los derechos humanos. Las organizaciones político-militares se unificaron y establecieron una amplia alianza con los demás partidos y organizaciones sociales opositoras.
En octubre de 1980 fue creado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que agrupó a las cinco organizaciones político-militares que luchaban contra el régimen salvadoreno. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó su "ofensiva general" y amplió sus acciones a la mayor parte del territorio nacional.
En agosto de 1981 los gobiernos de México y Francia suscribieron una declaración conjunta en la que reconocieron a la alianza Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) como una fuerza representativa del pueblo salvadoreno.
El gobierno de Ronald Reagan trató la situación de El Salvador como un problema de seguridad nacional, interviniendo de manera directa en el conflicto y constituyéndose en pilar militar y económico de la "guerra contrainsurgente", llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de El Salvador.
El 28 de marzo de 1982, por sugerencia de Washington el régimen celebró elecciones para integrar una Asamblea Constituyente. Los rebeldes respondieron con una gran ofensiva, que tuvo su punto culminante en el sitio de la ciudad de Usulatán durante una semana.
Luego de intensas pugnas internas, la presidencia de la Constituyente recayó sobre Roberto D'Aubuisson, máximo dirigente de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y autor intelectual del asesinato de monsenor Romero.
En un clima de intensificación de los combates el 25 de marzo de 1984 se realizaron elecciones generales, boicoteadas por el FDR-FMLN. Se registró una abstención de 51%. Con ostensible apoyo norteamericano, el PDC de Napoleón Duarte obtuvo 43% de los votos válidos, contra 30% de la ultraderechista ARENA del mayor Roberto D'Aubuisson.
La ultraderecha cuestionó las elecciones, pero la rápida respuesta del ministro de Defensa y del alto mando militar, respaldando a Duarte, frenó cualquier reacción. Fue la primera vez que las Fuerzas Armadas respaldaron en forma pública el proyecto reformista. Los contactos entre gobierno y guerrilla fueron los de La Palma y Ayagualo, celebrados en 1984 y 1985.
Un fuerte terremoto ocurrido en octubre de 1986 generó una virtual tregua. Las negociaciones se reanudaron en octubre de 1987, dentro de un nuevo marco de pacificación regional comprometido por los gobiernos del área centroamericana en agosto de 1987, con la firma de los acuerdos de Esquipulas.
Durante el período 1987-1989 el gobierno de Duarte, apoyado por EEUU, procuró una salida política para el conflicto con el FDR-FMLN, pero las contradicciones internas, la presión de los sectores ultraderechistas y de las Fuerzas Armadas imposibilitaron esta solución.
En octubre de 1989 se realizaron elecciones, que fueron boicoteadas por una parte de la guerrilla, pero en las que participaron los sectores civiles del FDR (socialdemócratas y social cristianos), con la candidatura de Guillermo Ungo a la presidencia. El triunfo correspondió a Alfredo Cristiani, candidato de la ARENA.
El FMLN lanzó una ofensiva, ocupando varias zonas de la capital y de la periferia, en noviembre de 1989. El gobierno respondió con bombardeos sobre varias zonas de la capital, altamente pobladas. Seis jesuitas, entre ellos, el rector de la Universidad de Centro América, Ignacio Ellacuría, fueron torturados y asesinados por militares fuertemente armados. Esto provocó la condena mundial al gobierno de El Salvador, en particular de la Iglesia Católica, e hizo peligrar la ayuda económica norteamericana.
Según informes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (no gubernamental), uno de los sectores más afectados por la represión fue el de las mujeres, en especial estudiantes y sindicalistas. El movimiento de defensa de los derechos humanos, encabezado por las madres, esposas, hijas y familiares de los miles de víctimas de la represión y la Unión Nacional de Trabajadores Salvadorenos (UNTS) desafiaron durante 12 años la represión militar y denunciaron las permanentes violaciones de los derechos humanos.
El 10 de marzo de 1991, las elecciones parlamentarias y municipales reflejaron un nuevo clima de negociación: por primera vez en 10 años el FMLN no llamó a boicotear las elecciones y decretó una tregua unilateral de 3 días. Aún así, la abstención del electorado fue superior a 50% y el acto mismo fue precedido por hechos de violencia paramilitar. Entre los votantes predominó la opción oficialista (43 bancas en 84). El 12 de marzo se reanudaron los enfrentamientos.
El 4 de abril de 1991, delegados del gobierno de Cristiani y del FMLN iniciaron negociaciones en México para definir un cese del fuego. El 19 de abril, diez mil manifestantes de setenta organizaciones sociales, aglutinadas en el Comité Permanente del Debate Nacional (CPDN), reclamaron reformas a la Constitución, dos semanas antes de que finalizara el mandato del Congreso y el plazo otorgado por el FMLN para la firma de la paz.
Luego de diversos intentos, el 27 de abril representantes del gobierno y del Frente Farabundo Martí suscribieron los "Acuerdos de México" en los cuales se limitó la función de las Fuerzas Armadas a la defensa de la soberanía nacional y a la integridad del territorio. A su vez se prohibió la formación de cuerpos paramilitares y se acordó la reforma del artículo 83 de la Constitución para establecer que la soberanía "reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos". Otro acuerdo tuvo lugar en el mes de junio en la ciudad de Nueva York, mediante el cual el gobierno salvadoreno se comprometió a disolver la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda y crear, en cambio, una Policía Civil con participación de miembros del FMLN.
El 16 de noviembre se inició una nueva etapa de diálogo en la sede de las Naciones Unidas. En esa ocasión, el FMLN decretó una tregua indefinida unilateral hasta que se firmara un nuevo acuerdo de cese del fuego definitivo. Mientras esto ocurría una delegación parlamentaria española que visitó El Salvador elaboró un informe con respecto a los asesinatos de los seis jesuitas españoles de la Universidad Centroamericana. En dicho informe, elevado a los parlamentos español, europeo, salvadoreno y norteamericano, se acusaba al gobierno y al ejército de El Salvador de ocultar las pruebas que permitirían esclarecer los hechos.
El 1ero. de enero de 1992, en Nueva York, luego de 21 semanas de negociaciones y 12 años de guerra civil (con un saldo de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y cerca de un millón de exiliados), ambas partes firmaron los acuerdos y compromisos para proceder al establecimiento de la paz en El Salvador; definieron un plazo desde el 1ero. de febrero al 3 de octubre de 1992, para cesar todo enfrentamiento armado, crear un ambiente favorable a la aplicación de los acuerdos y las negociaciones que continuaron, con la supervisión de la ONU y la OEA.
El 16 de enero de 1992, en la ciudad mexicana de Chapultepec, se firmaron los acuerdos finales. En los mismos se contempló la introducción de modificaciones sustanciales en la Constitución y en la estructura, organización, reglamentación y formación de las Fuerzas Armadas; se comprometió la realización de cambios en las formas de la propiedad agraria y se modificó la participación de los empleados en la privatización de las empresas estatales; se definió la creación de organismos que velaran por los derechos humanos y se garantizó la existencia política legal del FMLN.
Según los acuerdos, el gobierno debía reducir sus efectivos a la mitad, hasta llegar a la cifra de 30.000 en 1994, y disolver el servicio de inteligencia. A partir del 3 de marzo tendría que crearse una nueva policía civil integrada en parte por miembros del FMLN. En enero de 1992, la ley de Reconciliación Nacional otorgó la amnistía a todos los presos políticos.
Se estableció, además, el compromiso del gobierno de otorgar tierras a los combatientes y asistencia a los campesinos de ambos sectores. Convertido en partido político desde el 30 de abril de 1991, el FMLN, en su primer acto público celebrado el 1º de febrero de 1992, convocó a la unificación de todas las fuerzas opositoras para las elecciones de 1994. Luego de años de clandestinidad, el acto fue presidido por los comandantes guerrilleros Shafick Handal, Joaquín Villalobos, Fernán Cienfuegos, Francisco Jovel y Leonel González.
En los primeros días de marzo de 1992, se comenzaron a percibir las dificultades concretas de la aplicación de los acuerdos. Varios dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadorenos acusaron al gobierno de violar los acuerdos e iniciar una campana propagandística en contra de las organizaciones populares.
El 15 de febrero de 1993, los últimos 1.700 rebeldes armados entregaron sus armas en una ceremonia que contó con la presencia de varios jefes de Estado de Centroamérica y del secretario general de la ONU, Boutros Ghali. Se creó la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.
El resultado de la investigación sobre violaciones a los derechos humanos efectuada por la Comisión Verdad, creada por la ONU, provocó la renuncia del ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, senalado en dicha investigación como uno de los mandantes de los asesinatos de seis jesuitas de la Universidad de San Salvador en 1989. Según el documento final de la Comisión, los militares, los escuadrones de la muerte vinculados a estos y el Estado fueron responsables de 85% de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
La Comisión Verdad recomendó la destitución de 102 jefes militares y la privación de derechos políticos a algunos ex líderesguerrilleros. El presidente Cristiani propuso entonces una amnistía general para casos de abuso de violencia que fue aprobada apenas cinco días después de conocerse el documento de la Comisión Verdad, el 20 de marzo de 1993. Con esta medida, quedaron impunes los crímenes más graves cometidos durante la guerra.
Un año después, el 20 de marzo de 1994, se efectuaron las primeras elecciones luego de la guerra civil. El candidato de la coalición de izquierda Convergencia Democrática, integrada por el FMLN y otros grupos, logró 25,5% en la primera vuelta, contra 49,2% del derechista Armando Calderón Sol, de ARENA. Si bien la izquierda denunció la existencia de fraude, los observadores de la ONU en el país (ONUSAL) aseguraron que el comicio fue limpio. Luego de las elecciones, el FMLN se enfrentó a una crisis interna provocada por las diferentes visiones de los grupos que lo integraban.
Según la ONUSAL, la violencia no cesó con los acuerdos de paz. Además de la existencia de actividades de inteligencia en las Fuerzas Armadas, la vinculación de los efectivos militares con el crimen organizado y la falta de respuestas a los desmovilizados de uno y otro bando, hicieron crecer los delitos comunes.
Las cárceles estaban atestadas. Su capacidad ascendía a 3.000 reclusos, pero albergaban el doble. Además, las pésimas condiciones de vida y la lentitud en los procesos generaron un descontento que se tradujo en múltiples motines con un saldo de 70 muertos y más de un centenar de heridos.
La prometida entrega de tierras a los desmovilizados se hizo lenta e ineficaz. A mediados de 1994 apenas un tercio de los beneficiarios -12.000 de un total de 37.000 ex combatientes del ejército y la guerrilla- habían obtenido sus parcelas. El resto permanecía inactivo en asentamientos precarios y algunos se vincularon a organizaciones criminales.
En el plano regional, el gobierno de Calderón Sol intensificó el diálogo con la vecina Honduras en torno a los viejos problemas limítrofes.
El nuevo gobierno logró elevar el crecimiento económico a 5% anual y también controlar la inflación, que en los primeros seis meses de 1994 alcanzó a 5%. La pobreza, sin embargo, no se redujo. Según cifras oficiales, 29% de los habitantes viven en estado de pobreza, y 22% en la pobreza extrema. Más de 400.000 ninos de 6 años padecen desnutrición crónica, y 15% de los menores de cinco años presenta desnutrición grave o moderada.
Por otra parte, El Salvador es el país con mayores problemas de deforestación del continente latinoamericano. Según estudios oficiales, 90% de la vegetación ha sido eliminada, dos terceras partes del país están fuertemente erosionadas y sometidas a una explotación agrícola inapropiada y apenas 2% del bosque original se encuentra intacto. Además, 90% de los ríos están contaminados por el vertido de aguas servidas y residuos químicos y más de la mitad de la población ingiere agua sin tratamiento.
Un acuerdo entre ARENA y el Partido Democrático -una escición del FMLN- realizado en mayo de 1995 permitió un aumento del impuesto al valor agregado de un 10 a un 13%. Esta suba se justificó en la necesidad de obtener fondos para financiar la reforma de la propiedad de la tierra, obras de infraestructira destruidas por la guerra y las estructuras del aparato electoral y judicial del país.
La Policía Nacional Civil se mostró incapaz de controlar la actividad de los grupos criminales, que según la prensa local, comenten un promedio de un delito por hora. El gobierno envió 5.000 soldados a reforzar el patrullaje de carreteras y zonas rurales. Tres policías fueron condenados por pertenecer a la organización paramilitar "Sombra Negra". El rastrillaje militar también descubrió un moderno y sofisticado arsenal perteneciente a "Los Benedictinos", cuyo líder estaba relacinado a una red de organizaciones criminales de América Central.
La misión de la ONU encargada de supervisar el respeto a los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno trabajó en el país entre abril y octubre. La lentitud del proceso, que incluyó la transferencia de tierras y el pago de compensaciones a los veteranos de guerra, llevó a que en agosto de 1996 se produjera la ocupación de las calles céntricas y edificios públicos por parte de los perjudicados.
El 16 de marzo de 1997 el opositor FMLN obtuvo una importante victoria en los comicios municipales al ganar en la capital y decenas de ciudades provinciales. A nivel parlamentario la ARENA, con el 33,3% de los votos, conquistó 28 diputaciones, mientras que el FMLN, con 32,1% de las voluntades, obtuvo 27 asientos. El Partido de Conciliación Nacional con 11 diputados y la Democracia Cristiana con 10 completan la legislatura. La participación electoral fue extremadamente baja, apenas alcanzando a 40% de los habilitados.
