|
República de Honduras
La región que hoy ocupa Honduras estuvo habitada antes de la llegada de los españoles por los chibchas (ver: Colombia), los lencas y los mayas. El esplendor de la ciudad de Copán, al norte, duró hasta el siglo IX d.C., decayendo con todo el Imperio.
Al parecer, el primer europeo en llegar a Honduras fue Américo Vespucio, en 1498. Pedro de Alvarado realizó la conquista efectiva del territorio para España, enfrentando la encarnizada resistencia de los indígenas dirigidos por Lempira. Honduras pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala.
Honduras se independizó del dominio español en 1821 y junto con las demás provincias centroamericanas integró el efímero imperio mexicano de Iturbide, desintegrado dos años más tarde. Francisco Morazán y otros líderes hondureños intentaron en vano formar una federación centroamericana independiente: la acción centrífuga de Gran Bretaña fue más fuerte.
Con la reforma liberal de 1880, el eje económico pasó a ser la minería, apoyada por la apertura a capitales y tecnología extranjeros. A fines del siglo XIX entró al país la United Fruit Co. (UFCo), corporación estadounidense que se adueñó de enormes extensiones de tierras, de casi toda la producción de frutas del país, de ferrocarriles, barcos y puertos, y de las decisiones políticas fundamentales.
En 1924 Estados Unidos invadió Honduras e impuso un período de democracia formal, durante el cual la UFCo. compró la Cuyamel Fruit Co., su principal competidora, y logró el monopolio de la producción bananera. Washington entregó el poder a Tiburcio Carías Andino, que gobernó el país con mano fuerte entre 1933 y 1949.
Las controversias fronterizas con Guatemala dieron lugar al arbitraje norteamericano en 1930. En 1969 las tensiones creadas por la situación de los campesinos salvadoreños emigrados a Honduras desataron otra guerra, cuyo detonante fue un partido de fútbol, interrumpida por mediación de la OEA. (ver El Salvador)
En 1971, nacionalistas y liberales firmaron un Pacto de Unidad. El general Osvaldo López Arellano, en el poder desde 1963, permitió la celebración de elecciones en las que triunfó Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional.
En 1972 López Arellano derrocó a su sucesor y se mostró más sensible al pedido de una reforma agraria intentando controlar a la United Brands (ex UFCo.). Los grupos afectados reaccionaron y López Arellano fue sustituido por el coronel Juan A. Melgar Castro.
El jefe del Ejército, general Policarpo Paz García, asumió el poder en 1978. El régimen hondureño se alió estrechamente con Anastasio Somoza, dictador de la vecina Nicaragua. La revolución sandinista apresuró en Honduras la elección de una Asamblea Constituyente, una de cuyas primeras decisiones fue ratificar como presidente a Paz García. En 1981 se celebraron elecciones en las que el candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova, asumió la presidencia en enero de 1982.
Suazo Córdoba aprobó aumentos de precios en artículos de consumo popular y promulgó una "ley antiterrorista" que prohibió el derecho de huelga al considerarlo "intrínsecamente subversivo". Grupos paramilitares de exterminio actuaban con impunidad y las "desapariciones" de opositores políticos se tornaron corrientes.
Honduras toleró la presencia de tropas estadounidenses y la instalación de bases contrarrevolucionarias nicaragüenses en su territorio. Se calculaba que en 1983 el Pentágono tenía 1.200 soldados, que además de intervenir directamente en operativos bélicos, daban instrucción militar, apoyo logístico y construían obras de infraestructura. La "contra" nicaragüense mantenía unos 15.000 efectivos, a los que se sumaban cerca de 30.000 refugiados nicaragüenses.
En 1985, 7.000 soldados norteamericanos realizaron maniobras muy cerca de la frontera nicaragüense. La fuerza aérea hondureña recibió una oferta para renovar todos los aviones de combate. Con unos trescientos millones de dólares el ejército local duplicó sus efectivos y renovó la flota de combate de su Fuerza Aérea.
En las elecciones de 1985 triunfó José Azcona Hoyo, del Partido Liberal. El nuevo presidente pidió ayuda a Washington para que los "contras" pudieran abandonar el país y trató de estimular la inversión extranjera.
El manejo de la ayuda norteamericana desató una corrupción desenfrenada, principalmente en las Fuerzas Armadas. El plan de privatizaciones y reducción del gasto público fracasó y en el sector agropecuario, el desempleo estacional alcanzó a 90% de los trabajadores.
En 1989, Rafael Callejas, candidato del Partido Nacional, triunfó ampliamente en elecciones que fueron calificadas de fraudulentas. Respaldado por Estados Unidos y los círculos empresariales, Callejas inició una completa liberalización de la economía.
En 1990, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses, la administración Bush redujo sensiblemente la ayuda económica a Honduras. Callejas se acercó a las Fuerzas Armadas para prevenir una agudización del malestar social.
A comienzos de 1990, el gobierno aumentó los impuestos, incrementó en 50% los precios de los combustibles y devaluó la moneda.
En diciembre el gobierno decretó la amnistía para los detenidos y perseguidos políticos. Se abolió la ley antiterrorismo y se creó un marco de concertación política sin exclusiones.
El 12 de enero de 1991, luego de ocho años de exilio, regresaron a Honduras cuatro dirigentes políticos de izquierda, anunciando el fin de la lucha armada. En octubre de 1991, las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya se acogieron al decreto y renunciaron a la lucha armada.
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Arnulfo Cantarera, acusado de cometer violaciones a los derechos humanos, fue cesado en su cargo y sustituido por el general Luis Discua, que encabezó una creciente injerencia del poder militar en la vida política. El asesinato político a opositores y otros abusos cometidos por los militares fueron denunciados por el Comité Hondureño de Defensa de los Derechos Humanos.
El programa de ajuste del gobierno de Callejas permitió renegociar la deuda externa de 3.500 millones de dólares. Las nuevas leyes agrarias autorizaron la venta de tierras expropiadas lo que favoreció la especulación de las empresas agrícolas trasnacionales.
El aumento del poder militar y la inestabilidad política se sumaron a la debilidad de la economía, que perdió el aporte de dólares proporcionados por la ayuda militar norteamericana.
El descontento popular se vio expresado en las urnas, cuando en las elecciones del 28 de noviembre de 1993 triunfó el candidato de la oposición, el socialdemócrata Carlos Roberto Reina.
Una de las primeras resoluciones del nuevo gobierno fue la abolición del servicio militar obligatorio. Esta medida fue aprobada por el Parlamento en mayo de 1994 y ratificada por la siguiente legislatura, en abril de 1995, por 125 votos a 3. Pero en agosto de 1994 y cediendo a las presiones militares, el gobierno aceptó un llamado temporal a filas para llenar 7 mil vacantes en las Fuerzas Armadas. Al promediar 1994, el gobierno disolvió oficialmente a la temida Dirección Nacional de Investigaciones, el otrora brazo torturador de las Fuerzas Armadas.
Como consecuencia de la caída de las exportaciones de banano a la Comunidad Europea, la compañía bananera estadounidense Tela Railroad Company cerró cuatro establecimientos aduciendo que no eran rentables, además de suspender por tres meses a tres mil empleados. Los trabajadores sindicalizados se declararon en huelga. Luego de varios días de tensión, el gobierno decretó el fin de la huelga y obligó a la compañía a suspender el cierre de las fincas y retroceder en su medida de suspensión colectiva de trabajadores. Pero la empresa negoció con el sindicato, SITRATERCO, el reintegro de 1.200 trabajadores, quedando suspendidas unas mil funcionarias mujeres.
A raíz de la sequía registrada en la primera mitad del año, 90 municipios del país perdieron más de 60% de sus cultivos de subsistencia. Ante el peligro de hambruna que amenazaba a más de un millón y medio de personas, las autoridades solicitaron la asistencia de la FAO. Esta otorgó una ayuda de 900 mil dólares para el desarrollo agrícola de las regiones declaradas en estado de emergencia. 73% de la población hondureña vive en estado de pobreza o pobreza extrema.
La sequía afectó también los bosques: la superficie forestada bajó de 36% en 1980 a menos de 27% del territorio total en 1995. La acelerada deforestación ha acentuado la erosión del suelo.
Mientras las fuerzas armadas continuaban realizando tareas de policía en las ciudades, la Asamblea Legislativa comenzó el proceso de reforma constitucional que terminó asignando el control de las fuerzas de seguridad pública al poder civil. En enero de 1995 entró en funciones la Unidad de Investigación Criminal, conducida por civiles, que sustituyó a la policía secreta desarticulada el año anterior. El nuevo cuerpo, integrado inicialmente por 1.500 agentes, recibió entrenamiento de la policía israelí y del FBI de Estados Unidos. En ese momento más de 50 personas eran asesinadas cada día en territorio hondureño.
Altos funcionarios de gobierno fueron a prisión en 1995 por su vinculación con el tráfico de pasaportes oficiales. La Suprema Corte de Justicia revocó la inmunidad del ex presidente Callejas para que declarara sobre falsificación de documentos y apropiación de fondos públicos. El propio Reina fue alcanzado por su ofensiva contra la corrupción. El presidente fue investigado por usar fondos estatales para resolver un asunto privado.
